A 65 años de al-Nakba, dos reflexiones pos-sionistas desde el presente

Por qué Palestina es diferente

Sam Bahour *

Publicado en Mondoweiss, 25/5/2013
Traducción: María Landi
 
 
 
Sam Bahour (foto sin crédito)

Sam Bahour (foto sin crédito)

El Secretario de Estado John Kerry está haciendo un esfuerzo supremo para reanudar las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Muchas personas bien intencionadas y muy inteligentes, de todo el mundo, se han involucrado de muchas maneras en la cuestión palestino-israelí; más aún, muchas de esas personas tienen experiencia práctica en la resolución de otros conflictos mundiales de larga data, como los de Irlanda, Sudáfrica, o los derechos civiles en Estados Unidos. Aunque siempre hay mucho que aprender de otras experiencias internacionales, el caso de Palestina es diferente, y a menos que Kerry reconozca esto, todos los esfuerzos y los millones de dólares que se han invertido en este conflicto serán en vano, al igual que estas últimas gestiones relámpago de EE.UU.

Hay tres cuestiones cruciales para entender este conflicto, y son: la culpa histórica, la responsabilidad colonial y la “relación especial” de EE.UU. con Israel.

Las actuales potencias mundiales tienen una enorme dosis de culpa histórica, no sólo -como popularmente se cree- por el anti-semitismo que sus antepasados ​​practicaron contra los judíos. Esto fue muy real durante los siglos XIX y XX -y los anteriores también- y fue rampante sobre todo en países blancos y cristianos como Alemania, Polonia, Francia, Austria y sí, también en EE.UU.

Pero estos países también deberían entender su responsabilidad histórica por hacer pagar a los palestinos y palestinas por los crímenes de Europa y EE.UU. Su culpabilidad hacia los judíos ha obnubilado su objetividad y sesgado su capacidad para ver las acciones de Israel como lo que han sido y siguen siendo: crímenes contra la humanidad.

Mucho antes del Holocausto, la ideología política del sionismo trazó el camino hacia la limpieza étnica de los habitantes árabes nativos (musulmanes y cristianos) de Palestina, con el objetivo de crear lo que se definió como “un Estado judío”. Esta colosal injusticia histórica de despojar a la población palestina autóctona ya no es asunto de discusión: incluso los historiadores israelíes han documentado meticulosamente este hecho.

Más aún: muchas de esas mismas potencias mundiales, empezando por EE.UU., nacieron como resultado de una historia colonial que desplazó a poblaciones indígenas. Como tales, estos poderes ven el proyecto sionista muy similar al suyo, y les resulta difícil pedirle cuentas a Israel por temor a que eso pueda volverse un boomerang sobre ellos.

Por lo tanto, en lugar de ver la cuestión palestino-israelí como lo que realmente es: colonialismo en curso, estos poderes prefieren formularlo como un conflicto en el que ambas partes tienen narrativas igualmente válidas y antagónicas, lo que requiere una partición del territorio. Y mientras se mantengan fijos en este paradigma obsoleto de la partición, no podrán ofrecer ninguna explicación de por qué sus gobiernos permitieron que los hechos consumados creados por Israel hayan hecho que hoy esa solución sea inviable.

Desde el titular del New York Times del 14 de mayo de 1948: “LOS SIONISTAS PROCLAMAN EL NUEVO ESTADO DE ISRAEL”, EE.UU. ha tomado partido en este conflicto: armando, financiando, dando cobertura diplomática y planeando política y militarmente con Israel la operación (siempre camuflada de eufemismos) de limpiar étnicamente a Palestina.

Israel trabajó duro para cimentar el apoyo de EE.UU. Los líderes israelíes entendieron muy bien las debilidades inherentes a un sistema político abierto, y por eso no tardaron en crear un lobby pro-Israel que transformó lo que se supone que es un asunto de relaciones exteriores en un tema de política interna de EE.UU. Esa domesticación de la escena política de EE.UU. por parte de Israel -por cortesía de sus apoderados en Washington- está viva y fuerte en la actualidad; no hay más que preguntarle al recién designado Secretario de Defensa Chuck Hagel.

El presidente Barack Obama personifica esta realidad. Durante su reciente viaje a Israel, visitó el Museo del Holocausto para declarar que la existencia y seguridad futuras de Israel como un “estado judío fuerte” garantizarán que nunca habrá otro holocausto.

¿Qué quiso decir? ¿Quiso dar a entender que si Israel dejara de existir como “estado judío” (al igual que otros estados con fundamento racial, como EE.UU. antes de la Guerra Civil o Sudáfrica durante el apartheid) los judíos en Nueva York, Chicago y Los Ángeles serían masacrados?!

Para colmo de males, Obama le hizo un enorme favor a la derecha israelí al salirse del protocolo oficial para ir a colocar una ofrenda floral en la tumba de Theodor Herzl, el fundador de la ideología política sionista.

A través de sus acciones, de forma intencional o no, Obama legitimó el ‘derecho’ a un estado judío en Palestina, ignorando así al pueblo árabe indígena -incluyendo a cristianos, musulmanes e incluso algunos judíos- sobre cuyas ruinas fue construido el Estado de Israel. Los palestinos y palestinas todavía están luchando por sobrevivir de cara a una campaña de limpieza étnica que comenzó hace más de 65 años y todavía sigue en curso.

En efecto, Palestina es diferente, realmente diferente. Todavía está pendiente abordar con seriedad una cuestión mucho más básica y relevante que la partición artificial del territorio: ¿Israel va a ser un Estado para todos sus ciudadanos -judíos y no judíos- o no? La respuesta a esta pregunta apunta al centro del proyecto racial sionista y abre el camino hacia una reconciliación histórica, y hacia el regreso de las y los refugiados palestinos a lo que hoy se llama Israel.

* Sam Bahour es un consultor de negocios palestino-estadounidense nacido en Youngstown, Ohio, que vive en la ciudad palestina de Al-Bireh, en Cisjordania. Con frecuencia ofrece comentarios independientes sobre Palestina y es asesor político de Al-Shabaka. Es co-autor de HOMELAND: Oral Histories of Palestine and Palestinians (1994). Su blog: ​​www.epalestine.com.

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Repensando Israel-Palestina: más allá de bantustanes y reservaciones

Una solución justa al conflicto –ya sea que resulte en un estado o en dos- tendría que desmantelar las instituciones que privilegien a cualquier grupo étnico, religioso o nacional.

Noura Erakat *

 Publicado en The Nation, 21/3/ 2013 
Traducción: María Landi 
 
 
Noura Erakat (foto: Barefield Design Works)

Noura Erakat (foto: Barefield Design Works)

Cuando el presidente Obama emprenda su viaje ‘de escucha’ a Medio Oriente, seguramente va a presenciar el impacto de dos décadas del “proceso de paz” de Oslo. Veinte años, docenas de cumbres y millones de dólares no han llevado a palestinos e israelíes más cerca de establecer una paz viable.

El acuerdo promovido por EE.UU. en Oslo ha sido asociado al mantra de establecer dos estados para dos pueblos que convivan como vecinos. De hecho, Israel ha existido como estado desde 1948, y los palestinos han permanecido o bien como desplazados internos dentro de ese estado, o exiliados de él, u ocupados por él en los territorios adyacentes. Más aún: israelíes judíos, palestinos no judíos, ciudadanos israelíes y ciudadanos sin estado, hoy todos habitan -de manera inextricable- una sola entidad territorial bajo control israelí. El llamado a crear dos estados es en realidad un llamado a separar las dos poblaciones en función de la homogeneidad etno-nacional. La propuesta ha fracasado, no sólo por falta de rendición de cuentas, sino porque está esencialmente viciada. Como quien prescribe aspirina para combatir el cáncer, Oslo ofreció una autonomía trunca como prescripción para el colonialismo y la dominación judeo-israelí.

Similar a la propuesta de Marcus Garvey como respuesta a la Cuestión Negra en EE.UU., los sionistas insistieron en la creación de una patria judía como respuesta al anti-semitismo en Europa. El horror del Holocausto europeo catalizó la opción sionista y, desde entonces, eclipsó todas las otras respuestas a la intolerancia institucionalizada y de base étnica. Desde entonces ha sido terriblemente difícil -si no imposible- criticar la dominación judeo-sionista en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) sin caer presa de las acusaciones de anti-semitismo. Sin embargo, tanto la oposición al anti-semitismo como al privilegio judeo-israelí tienen sus raíces en un discurso anti-dominación.

Establecer una mayoría demográfica

Debido a la insistencia por mantener una mayoría demográfica judía, el establecimiento y la permanencia del estado de Israel necesitaron del desplazamiento forzado y continuo de la población palestina musulmana y cristiana. Mucho antes de la creación del estado judío, David Ben-Gurión, su principal arquitecto y dos veces primer ministro de Israel, dijo que para alcanzar el éxito los judíos debían ser el 80% de la población -un porcentaje difícilmente viable dada la dinámica sociedad palestina que existía en 1948. Como lo expresó el historiador israelí Benny Morris en una entrevista sobre su libro “El surgimiento del problema de los refugiados palestinos: una revisión”:

 “Ben Gurión (…) entendió que no sería posible un estado judío con una vasta y hostil minoría árabe en su interior (…) eso debe ser claro, es imposible eludirlo: la creación de un estado judío no hubiera sido posible sin desarraigar a la población palestina”.

Y así, basándose en esa visión, los sionistas destruyeron 531 aldeas y pueblos árabes y expulsaron a unos 700.000 palestinos/as de lo que hoy es Israel. El “problema” –por así llamarlo- es que las fuerzas sionistas no expulsaron a todos los palestinos: los 150.000 que permanecieron dentro de Israel al final de la guerra de 1948 hoy constituyen una población de 1.500.000 personas -aproximadamente el 20% de la población total de Israel.

Si Israel hubiera definido sus fronteras sobre la línea del armisticio de 1949, tal vez habría sido posible mantener una mayoría demográfica de 80%. Sin embargo, Israel nunca ha definido ninguna frontera y, siguiendo el plan elaborado por el vice-primer ministro Yigal Allon inmediatamente después de la guerra de 1967, se ha expandido continuamente hacia el resto de la Palestina histórica, que hoy alberga unos cuatro millones de palestinos/as.

A octubre de 2012, la relación entre judíos y no judíos en todo el territorio de Israel y los TPO era de aproximadamente 5,9 millones de israelíes judíos/as (incluyendo los colonos) y 6,1 millones de palestinos/as.

A esta altura, Israel debería abandonar su meta de lograr la mayoría demográfica judía y establecer un estado para todos y todas sus ciudadanas sin distinción de religión. Pero sus líderes y aliados rechazan totalmente esta opción plural y democrática y la asimilan a la destrucción de Israel.

Como alternativa, Israel podría anexar los TPO e imponer un régimen de apartheid, donde una minoría gobierna a la mayoría. Los líderes israelíes rechazan esta opción, pero –notablemente- una significativa mayoría de israelíes la apoyan, como reveló una encuesta publicada en Haaretz en octubre de 2012. Y aunque Israel se rehúsa a reconocerla formalmente, hoy esta realidad existe de hecho.

Tal vez la mejor opción para que Israel pueda preservar una mayoría judía sería el establecimiento de un estado palestino y la definición de jure de fronteras internacionales –una opción que abandonó hace más de cuatro décadas. Esta opción ha recibido el apoyo más ferviente de la comunidad internacional y de los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina, así como de los defensores más entusiastas de Israel.

No obstante, Israel ha destruido la opción de dos estados:

– Desde la firma de los Acuerdos de Oslo en 1993, aprobó, financió y promovió, como política de estado, un aumento de la población de colonos en los TPO -incluyendo Jerusalén Oriental- de 200.000 a casi 600.000.

– Construyó el 85% del muro de separación dentro del territorio ocupado de Cisjordania, circunvalando los mayores bloques de colonias y confiscando efectivamente el 13% de la tierra palestina.

– En lugar de prepararse para traspasar a manos palestinas el Área C (62% de Cisjordania, hoy bajo control “temporal” civil y militar israelí), ha profundizado su proyecto colonizador de asentamientos.

– El cerco israelí ha exacerbado la separación cultural, social y nacional entre la Franja de Gaza y Cisjordania.

– Y su intensa campaña de judaización en Jerusalén Oriental ha acelerado la limpieza étnica de la población palestina, haciendo imposible que la ciudad se pueda convertir en la capital independiente del futuro Estado palestino.

Para los sionistas liberales que creen compatibles la preservación de Israel como un estado judío con garantizar la dignidad y la libertad del pueblo palestino, esa situación es particularmente curiosa: ¿por qué entonces Israel sabotea su mejor opción? Dicho de manera cruda, porque para Israel la mejor opción es la que siempre ha buscado: mantener el control absoluto sobre los palestinos como una subclase fragmentada y prescindible, sin importar si son ciudadanos de Israel o civiles bajo ocupación militar.

Históricamente los sionistas nunca concibieron a la población palestina como una entidad política con derecho a la autodeterminación; no la consideraron en absoluto como un “pueblo”. No obstante, la resistencia palestina, su auto-representación y el reconocimiento internacional han forzado incluso a los sionistas más ardientes a reconsiderar esta posición. Pero a pesar de su actual condición como pueblo reconocido, Israel sigue considerando a la población indígena no-judía de la Palestina histórica como un obstáculo demográfico, nacional y cultural para su proyecto colonial de asentamientos, y no como un vecino actual o futuro.

Dominación etno-nacional

Desde su nacimiento, Israel creó una serie de leyes que privilegiaban a sus habitantes judíos/as y marginaban y despojaban a la población indígena no judía. Dos de esas leyes son particularmente relevantes: la Ley de Ciudadanía (1952) separó la nacionalidad judía de la ciudadanía israelí, y desnacionalizó a la población palestina. Al hacer eso, el Estado creó instantáneamente dos sistemas distintos de derechos: uno para los judíos, que pueden ser tanto nacionales como ciudadanos, y otro para los no-judíos, que sólo pueden ser ciudadanos. Y la Ley de Retorno (1950) extendió los derechos de ciudadanía y de nacionalidad (con los beneficios asociados) a cualquier persona judía proveniente de cualquier parte del mundo.

Estas dos leyes garantizan que las personas judías que viven fuera de las fronteras de Israel y que no tienen ninguna relación con ese país tengan más derechos que los ciudadanos palestinos nacidos dentro del estado, aun cuando su número no constituye más de un quinto de la población del país. Así, el naciente Israel no sólo cimentaba su mayoría demográfica judía, sino que, al instituir una serie de leyes similares, también preservaba los privilegios políticos, sociales y económicos judíos.

A pesar de tener una mayoría demográfica judía significativa, el estado de Israel considera a sus ciudadanos/as palestinos/as como una quinta columna. En 2005 [y también en 2013], el Informe Anual sobre DDHH del Departamento de Estado de EE.UU. señaló que en Israel existe discriminación institucionalizada, jurídica y social hacia las y los ciudadanos cristianos, musulmanes y drusos. El estado no brinda a la población árabe la misma calidad de educación, vivienda, empleo y servicios sociales que ofrece a los nacionales judíos.

Además de sojuzgarla social y económicamente, Israel ha trabajado para quebrar la identidad nacional y la solidaridad social de la población indígena palestina.

Para avanzar sus prioridades demográficas, algunas políticas israelíes han buscado expresamente reducir el número de la población palestina. Por ejemplo, la Ley de Nacionalidad y Entrada a Israel (Orden Temporal), mejor conocida como Prohibición de Unificación Familiar, prohíbe obtener la ciudadanía o la residencia a los cónyuges de ciudadanos palestinos de Israel provenientes de los TPO o de “países enemigos” (no por casualidad, los que tienen una alta concentración de refugiados palestinos: Líbano, Siria, Irán e Irak). En enero de 2012, la Corte Suprema de Israel reafirmó esta ley bajo el argumento: “los derechos humanos no son una receta para el suicidio nacional”.

Pero la amenaza no es sólo numérica: es también, y en el mismo grado, una disputa entre narrativas y memoria. Lo que está en juego es la misma mitología nacional del estado judío.

En 2011, Israel aprobó la Ley de Enmienda del Presupuesto General del Estado, conocida popularmente como Ley Nakba, que penaliza quitándole financiación estatal a cualquier institución que cuestione la fundación de Israel como un estado judío y democrático o conmemore la Independencia de Israel como un día de luto o tragedia.

El Plan Prawer (llamado así por su autor, Ehud Prawer, ex vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional) busca desplazar por la fuerza a 70.000 beduinos/as palestinos/as de sus hogares y comunidades en el desierto del Negev/Naqab [hoy Israel] e instalarlos en asentamientos urbanos artificiales, con el fin de destinar su tierra a colonias para población judía y a un bosque. El plan, aprobado en septiembre de 2011, no tendrá un impacto demográfico puesto que estas/os palestinos tienen ciudadanía israelí. No obstante, despojará a estas comunidades beduinas de sus medios de vida agrícola y de su vinculación de siglos con esa tierra en particular.

Del mismo modo, en 2001 la Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación de comunidades palestinas desplazadas para retornar a las aldeas de Ikrit y Kafr Bir’im (cerca de la frontera con Líbano) de donde fueron expulsadas en 1948. Igual que las del Negev/Naqab, estas comunidades palestinas tienen ciudadanía israelí y por lo tanto no representan una amenaza demográfica. De hecho, actualmente viven sólo a unos kilómetros de sus aldeas originarias destruidas. Su retorno a ellas sólo amenaza la narrativa sionista de que Palestina era una tierra sin gente para un pueblo sin tierra. Para afirmar la negación, Israel planea construir colonias exclusivamente judías en las tierras donde vivían esas comunidades.

En Galilea, las políticas israelíes de planeamiento de tierras y de vivienda  demuestran que la amenaza no tiene que ver sólo con la demografía y la memoria, sino también con la cohesión de la población palestina dentro del estado y con el potencial que encierra el nacionalismo palestino. En Nazaret, donde viven 80.000 palestinos/as con ciudadanía israelí, las oportunidades de acceso a viviendas públicas están reservadas para quienes han realizado el servicio militar. Este requisito excluye a casi toda la población palestina de Nazaret, que no hace el servicio militar por razones históricas y políticas. En otras ciudades de Galilea, los “comités de admisión” pueden legalmente excluir de sus comunidades a la población de origen palestino por ser “socialmente inadecuados”, basándose únicamente en su origen racial o nacional. A través de su política de expansión de los asentamientos judíos dentro de Israel, así como de una matriz de leyes de planeamiento urbano discriminatorias, Israel fuerza a sus ciudadanas/os palestinos a vivir en guetos sin continuidad territorial en todo el país.

Los refugiados palestinos perturban esencialmente estos objetivos nacionales: su retorno amenazaría la mayoría judía de Israel; su presencia es un testamento vívido de la narrativa y la memoria palestinas, y sus reclamos históricos cuestionan la actual guetoización dentro de Israel. La ausencia de refugiados/as, sin embargo, no revierte las políticas israelíes que apuntan a disminuir el número de la población palestina, concentrándola geográficamente y separando a unos de otros.

En este contexto, renunciar al derecho de los refugiados a retornar no es en absoluto “pragmático”; los refugiados no son el impedimento para establecer una paz viable: el impedimento más grande es la insistencia de Israel en asegurar la primacía judía tanto dentro de sus fronteras como en los territorios ocupados.

Soluciones inadecuadas

Un estado palestino es difícilmente la solución adecuada para estos problemas. Como mucho, establecer un ámbito árabe -musulmán y cristiano- en el que los palestinos puedan ejercer su propia autonomía etno-nacional es funcional a las ambiciones hegemónicas de Israel. Además deja de lado otros aspectos importantes de la cuestión palestina, como el desplazamiento forzado, el exilio y la ocupación. En contraste con el actual entusiasmo internacional por un estado palestino, en 1976, en respuesta al establecimiento de Transkei, un territorio de población negra autónomo dentro de la República de Sudáfrica, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 31/6 A, que condenó la creación de bantustanes diseñados para consolidar las inhumanas políticas de apartheid, destruir la integridad territorial del país, perpetuar la dominación de la mayoría blanca y despojar al pueblo africano de sus derechos inalienables.

Incluso un único estado democrático y secular, sin un movimiento anti-dominación, no va a solucionar los problemas. Independientemente de si se opta por uno o por dos estados, el objetivo debería ser desmantelar las instituciones que confieren privilegios a un grupo étnico, religioso o nacional. Tal como indicaban las enormes brechas de pobreza entre blancos y negros en Sudáfrica cuando formalmente se puso fin al apartheid a principios de los 1990s, los cambios deben incluir algo más que simplemente eliminar las leyes discriminatorias. La justicia transicional también debe desarrollar políticas de rehabilitación. La mera igualdad ante la ley será insuficiente para poner fin a la criminalización de las comunidades originarias y minoritarias; así ocurre en EE.UU, donde existe una abrumadora proporción de indígenas encarcelados en los estados que tienen un número significativo de población nativa.

La incapacidad de hacer esto en Israel y en los TPO resultará probablemente en una guetoización de facto, en empobrecimiento y criminalización sistemáticos de los palestinos, sin importar su condición anterior de ciudadanos, civiles o refugiados. Bajo esas circunstancias, en un solo estado su condición sería similar a la de las reservaciones de los indígenas norteamericanos; y en dos estados, sería similar a la de los bantustanes sudafricanos. Ambas condiciones deberían ser rechazadas en favor de la fórmula de un estado democrático y dignificado como apenas el primer paso.

* Noura Erakat es una abogada de derechos humanos palestina-estadounidense. Su trayectoria como activista incluye organizaciones como Students for Justice in Palestine, US Campaign to End Israeli Occupation, Arab Women Arising for JusticeU.S. Palestinian Community Network (USPCN). Es representante legal en EE.UU. de Badil Resource Center for Palestinian Refugee and Residency Rights, asesora política de Al-Shabaka y co-editora de Jadaliyya. Su web: http://www.nouraerakat.com  (@4noura en Twitter).

Acerca de María Landi

María Landi es una activista de derechos humanos latinoamericana, comprometida con la causa palestina. Desde 2011 ha sido voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania: EAPPI (en Yanún/Nablus), CPT (Al-Jalil/Hebrón), IWPS (Deir Istiya/Salfit) y Kairos Palestine (Belén).
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