Israel no tiene derecho a la autodefensa contra Gaza

Israel no tiene ningún derecho legal a utilizar la fuerza en Gaza, en ninguna circunstancia

 

Norman G. Finkelstein / Jamie Stern-Weiner

 

Lior Mizrahi / Getty Images

Desde que comenzaron las manifestaciones no-violentas en Gaza el 30 de marzo de 2018, la comunidad internacional ha condenado enérgicamente los ataques armados de Israel.

Una resolución de la Asamblea General de la ONU “deplora el uso de fuerza excesiva, desproporcionada e indiscriminada de las fuerzas israelíes contra civiles palestinos”, mientras que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció “el uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza” por parte de Israel. Después de que francotiradores israelíes mataran a Razan al Nayar, una voluntaria palestina de enfermería, desarmada, de 21 años, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio advirtió a Israel que “necesita calibrar su uso de la fuerza”. En un informe devastador, el Observatorio de Derechos Humanos concluyó que “el uso reiterado de fuerza letal por parte de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza […] contra manifestantes que no representaban una amenaza inminente para la vida puede constituir un crimen de guerra”.

Aunque estas condenas son bienvenidas, la cuestión sigue siendo si van lo suficientemente lejos. En pocas palabras, ¿tiene Israel derecho a utilizar la fuerza bajo cualquier circunstancia contra la gente de Gaza?

El debate jurídico se ha centrado en un par de cuestiones interrelacionadas:

  • ¿recurrieron los francotiradores israelíes a una fuerza “excesiva” o “desproporcionada” contra los manifestantes (como alegan los críticos) o fue la fuerza que utilizaron algo necesario para impedir que los manifestantes rompieran la valla fronteriza (como alega Israel)?

  • ¿está regida la conducta de Israel hacia las protestas de Gaza por las normas de derechos humanos (como alegan los críticos) o por el derecho internacional humanitario (como alega Israel)? El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que las normas de derechos humanos regulan la aplicación de la legislación nacional. La diferencia es importante, ya que las normas de derechos humanos imponen limitaciones más estrictas al uso de la fuerza.

Todas las partes en estas dos controversias parten de una premisa común: que Israel tiene derecho a utilizar la fuerza para impedir que los gazatíes rompan la valla fronteriza. La disputa se limita a la cantidad de fuerza. Los críticos que denuncian el uso de fuerza “desproporcionada” o “excesiva” legitiman tácitamente el uso de la fuerza “proporcionada” o “moderada” por parte de Israel, mientras que los que insisten en la aplicabilidad de las normas de derechos humanos reconocen que el recurso de Israel a la fuerza es legítimo si los manifestantes representan una “amenaza inminente” para la vida del francotirador.

Esta presunción es sostenida incluso entre los sectores más críticos del debate sobre Gaza. El grupo israelí de derechos humanos B’Tselem condenó como “ilegal” el recurso de Israel a la fuerza letal contra personas desarmadas que “se acercan a la valla, la dañan o intentan cruzarla”. Pero admitió que “obviamente, se permite a los militares impedir tales acciones e incluso detener a las personas que intentan llevarlas a cabo”. Un destacado miembro del Observatorio de Derechos Humanos argumentó que el uso de munición real por parte de Israel era “ilegal”. Pero sugirió que “medios no letales, tales como gases lacrimógenos, agua sucia y pelotas de goma” habrían pasado la prueba de la legalidad. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió a Israel de que “la fuerza letal solo puede utilizarse como último recurso y cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida”. Incluso las principales organizaciones palestinas de derechos humanos caracterizaron el uso de la fuerza por parte de Israel como “excesivo”, “indiscriminado” y “desproporcionado”, en lugar de denunciarlo como abiertamente ilegal.

Pero lo cierto es que Israel no puede reclamar el derecho a usar cualquier clase de fuerza en Gaza, ya sea moderada o excesiva, proporcionada o desproporcionada, ya sea que los manifestantes estén armados o desarmados, representen una amenaza inminente para la vida o no. Si se niega esto es porque se ignoran las advertencias críticas del derecho internacional y se hace abstracción de la situación específica de Gaza.


Lo que dice el derecho internacional

Para justificar el uso de la fuerza en Gaza, Israel reivindica el derecho a impedir la intrusión de extranjeros en su territorio soberano. Un experto jurista israelí ha observado que esta supuesta preocupación por la santidad de la “frontera” de Gaza es oportunamente selectiva: Israel invade Gaza a voluntad; solo cuando los palestinos intentan cruzar en la otra dirección, la valla se convierte en sacrosanta. Dejando de lado esta hipocresía, el supuesto derecho de Israel a la autodefensa carece de base legal. Por el contrario, el recurso de Israel a la fuerza contraviene el derecho internacional.

El pueblo palestino de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y Gaza está luchando por lograr su “derecho a la autodeterminación”, validado internacionalmente (por la Corte Internacional de Justicia). Como señala el eminente jurista James Crawford, el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza militar “por una potencia administradora para reprimir la insurrección popular generalizada en una unidad de autodeterminación”, mientras que “el uso de la fuerza por una entidad no estatal en pos del ejercicio del derecho a la autodeterminación es jurídicamente neutro, es decir, no está regulado en absoluto por el derecho internacional”.

Los manifestantes de Gaza han optado por utilizar la no-violencia en la búsqueda de sus derechos internacionalmente reconocidos, una táctica que, por supuesto, el derecho internacional tampoco prohíbe. Pero esa decisión prudencial no es un requisito legal. Incluso si los habitantes de Gaza optaran por utilizar armas contra los francotiradores israelíes que obstruyen su derecho a la libre determinación, el recurso de Israel a la fuerza militar seguiría estando legalmente prohibido.

La asignación de derechos y obligaciones en el discurso occidental corriente — que otorga, efectivamente, a Israel el derecho a utilizar la fuerza violenta en legítima defensa contra los habitantes de Gaza, mientras que obliga al pueblo de Gaza a librar sin violencia su lucha por la autodeterminación — ignora el derecho internacional.

Cabe objetar que, en la medida en que Israel es un ocupante beligerante en Gaza, tiene derecho, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, a utilizar la fuerza para mantener el orden público. Esta objeción se basa en tres consideraciones.

Primera, el Cuarto Convenio de Ginebra obliga a un ocupante beligerante a mantener y garantizar el bienestar de la población ocupada. De hecho, la “protección de las personas civiles en tiempo de guerra” es la razón de ser de la convención. Sin embargo, Israel ha sometido a la población civil de Gaza a un prolongado asedio que equivale a un “castigo colectivo” ilegal, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, y que ha hecho que Gaza sea físicamente “inhabitable”, según la ONU. El Cuarto Convenio de Ginebra no apoya el derecho de Israel a preservar el orden en Gaza, ya que viola flagrantemente su obligación complementaria de proteger el bienestar de la población civil del enclave. De hecho, el desorden que Israel dice tener que suprimir ha sido provocado directamente por el criminal bloqueo que ha impuesto en el territorio.

Segunda, aun cuando Israel fuera considerado como un ocupante beligerante en Gaza, el derecho de un pueblo a la libre determinación es una norma imperativa (ius cogens) del derecho internacional que no admite derogación. Si, como en este caso, la ley de la ocupación beligerante se superpone al derecho de autodeterminación, entonces el derecho de Gaza a la autodeterminación prevalece sobre el derecho de Israel a mantener el orden. Y si, como en este caso, la lucha por la libre determinación se libra de manera no-violenta, entonces el supuesto derecho de Israel a utilizar la fuerza armada para mantener el orden está manifiestamente infundado.

Tercera, la ocupación de Gaza por parte de Israel es ilegal y, por consiguiente, ha perdido sus derechos como ocupante beligerante. La Corte Internacional de Justicia dictaminó en 1971 que desde el momento en que Sudáfrica se negó a celebrar negociaciones de buena fe para poner fin a su ocupación de Namibia, esa ocupación se convirtió en ilegal. El hecho de que Israel se haya negado durante más de medio siglo a celebrar negociaciones de buena fe, sobre la base del derecho internacional, para retirarse de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, y Gaza, ha deslegitimado su ocupación.

Hay también otra dimensión legal esencial que ha sido ignorada. Es un principio fundamental del derecho internacional que ningún estado puede recurrir a medidas enérgicas a menos que se hayan agotado todos los “medios pacíficos” (Carta de las Naciones Unidas, artículo 2). Este principio es tan sagrado para el estado de derecho como el análogo juramento hipocrático primum non nocere (primero, no hacer daño) lo es para la medicina. Lo que ha motivado las protestas palestinas ante la valla fronteriza de Gaza es el bloqueo ilegal de Israel, y su objetivo es ponerle fin. Incluso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lo reconoció: “Se están asfixiando económicamente y por eso decidieron estrellarse contra la valla”.

Si Israel quiere proteger su frontera, no necesita recurrir a la violencia letal ni no letal. Solo tiene que levantar el bloqueo. El equipo A del presidente Donald Trump para la diplomacia en Oriente Medio (formado por su yerno Jared Kushner, el ex abogado de quiebras David Friedman, el ex asesor jurídico de la Organización Trump Jason Greenblatt y la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley) alega, por el contrario, que es HAMAS quien “mantiene cautivos a los palestinos de Gaza” y quien es “el principal responsable […] del mantenimiento del sufrimiento del pueblo de Gaza”. Pero si ellos se tiran por el precipicio, los demás no tenemos por qué seguirles. “Israel, como potencia ocupante — señaló con autoridad la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU — , debe levantar el bloqueo, que contraviene […] el Cuarto Convenio de Ginebra, donde se prohíben los castigos colectivos, e impide la realización de una amplia gama de derechos humanos”.

HAMAS ha ofrecido sistemáticamente a Israel una tregua a largo plazo (hudna) a cambio de poner fin al bloqueo, y la ha reiterado en todas las últimas manifestaciones. El 7 de mayo, una semana antes de que Israel matara a tiros a más de sesenta manifestantes en Gaza, HAARETZ informó que “los líderes de HAMAS” habían “transmitido a Israel mensajes que indicaban su voluntad de negociar un alto el fuego a largo plazo” a cambio, entre otras cosas, de “aliviar el bloqueo”. Unos días más tarde, un veterano periodista militar israelí reveló que “HAMAS sigue enviando mensajes al sistema de defensa en el sentido de que está interesado en una hudna”. Y añadió que “HAMAS transmitió a Israel el año pasado diferentes versiones de una hudna restringida y más amplia, incluyendo no solo a Gaza sino también a Cisjordania”.

El ejército israelí se tomó en serio estas ofertas de alto el fuego: “según los servicios de inteligencia, HAMAS está dispuesto a llegar a un acuerdo”. De hecho, un alto oficial del ejército afirmó que “ahora es el momento de llegar a un acuerdo con HAMAS” y, así, “evitar nuevas rondas de combates”. Pero el gobierno de Israel no estaba interesado en ello: las “demandas y condiciones de HAMAS nunca han sido discutidas, ya que Israel se niega a hablar con HAMAS”. El rechazo de Israel a dar este paso preliminar y pacífico representa una doble violación del derecho internacional: la imposición de un bloqueo ilegal y el recurso ilegal a la fuerza armada cuando no se han agotado los medios pacíficos.

¿Un derecho a envenenar a niños?

Es un principio del derecho que no se pueden derivar derechos de actos ilegales (ex injuria non oritur ius) y es obvio que el derecho a la legítima defensa no existe en todas las situaciones. Un violador no puede reclamar el derecho a la defensa propia si la víctima le golpea. El dueño de un teatro no tiene derecho a la autodefensa si los clientes le atacan después de que él haya prendido fuego al edificio e impedido su huida. La conducta de Israel con respecto a Gaza pertenece a esta categoría de actos que anulan el derecho a la legítima defensa. Si no fuera así, equivaldría a un derecho a utilizar la fuerza militar para mantener una ocupación ilegal agravada por un bloqueo ilegal.

Se dice a menudo que Israel tiene derecho a usar la fuerza para impedir que los habitantes de Gaza traspasen su “valla fronteriza”. Esto se debe a que las disquisiciones aprendidas sobre los tecnicismos de la ley han oscurecido los intereses humanos en juego.

¿Qué es Gaza?

La estrecha franja costera es una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Más del 70 por ciento de sus dos millones de residentes son refugiados, mientras que más de la mitad son niños menores de 18 años. Durante más de una década, Israel ha impuesto un bloqueo devastador a este trozo de tierra. El 50 por ciento de la población activa de Gaza está desempleada. El 80 por ciento depende de la ayuda alimentaria internacional. El 96 por ciento del agua del grifo está contaminada.

A comienzos de julio, Israel endureció aún más sus restricciones de los productos cuya importación a Gaza es permitida y prohibió totalmente las exportaciones. Posteriormente, bloqueó la entrada de combustible, causando una emergencia humanitaria, ya que los hospitales, desbordados [por los heridos en la frontera], tuvieron que cerrar. Según la organización israelí de derechos humanos Gisha, esta “amplia medida de castigo colectivo” constituye un retorno a “los periodos más duros del bloqueo” y equivale a una “guerra económica abierta contra la población civil de Gaza”. A esto le siguieron, a mediados de julio, ataques aéreos israelíes contra docenas de objetivos en Gaza.

 

Israel justificó el endurecimiento del bloqueo y los ataques aéreos como respuesta a las cometas inflamables que los manifestantes de Gaza lanzaron a través de la valla perimetral. Pero estas llamadas “cometas del terror” han causada una destrucción estimada en dos millones de dólares y, según fuentes militares israelíes, “no representan una amenaza inmediata o grave”. Como informó un corresponsal militar israelí, “el daño psicológico que causan los incendios a lo largo de la frontera es peor que cualquier daño real”. Por otro lado, un oficial israelí de alto rango dijo: “Todos los lloriqueos por las cometas me vuelven loco”. Y añadió: “Es todo lo contrario de lo que se oye decir a la mayoría de la gente que vive aquí […] La gente dice: nos gusta estar aquí, queremos vivir aquí, a pesar de los incendios”.

“No somos terroristas”, dijo un lanzador de cometas. “Somos una generación sin esperanza ni horizonte, que vive bajo un bloqueo asfixiante, y ese es el mensaje que estamos tratando de enviar al mundo. En Israel lloran por los campos y bosques que se quemaron. ¿Qué hay de nosotros, que morimos todos los días?”. La mayoría de los lanzadores de cometas prometen “continuar hasta que se elimine el bloqueo”.

A finales de julio se restableció parcialmente el status quo anterior, ya que Israel permitió que entrara en Gaza una pequeña cantidad de mercancías, mientras HAMAS controlaba las cometas. Pero hay una gran probabilidad de que una repetición de los acontecimientos recientes (protestas no violentas en Gaza → violentas provocaciones israelíes → represalias de HAMAS → endurecimiento del bloqueo) culmine en otra importante agresión israelí que, en palabras del ministro de defensa israelí Avigdor Lieberman, será “más dolorosa que la Operación Margen Protector”.

Cuando se produzca la nueva conflagración e Israel proclame que simplemente está defendiendo su frontera, la respuesta retóricamente correcta es que la valla que separa Gaza de Israel no es una “frontera”, de la misma forma que Gaza no es un estado. El distinguido profesor de la Universidad Hebrea Baruj Kimmerling calificó a Gaza como “campo de concentración”, mientras que el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, la calificó de “prisión al aire libre”. El consejo editorial de HAARETZ lo llamó “gueto”, THE ECONOMIST dijo que es un “montón de basura humana”, el Comité Internacional de la Cruz Roja se refirió a ese territorio como un “barco que se hunde”. Gaza es lo que el jefe de derechos humanos de la ONU llamó un “tugurio tóxico”, en el que toda una población civil está “enjaulada desde el nacimiento hasta la muerte”.

¿Tiene Israel derecho a utilizar la fuerza para encerrar al millón de niños y niñas de Gaza en un “gueto” o “tugurio tóxico”? ¿No tiene el pueblo de Gaza el derecho a liberarse de un “campo de concentración”?

¿Acaso discute alguien ahora si la Alemania nazi utilizó o no fuerza “excesiva” o “desproporcionada” para reprimir el levantamiento del gueto de Varsovia? ¿Quién se pregunta ahora si la Alemania nazi tenía “derecho a la autodefensa” contra la Organización Judía de Combate, que resistió con las armas en la mano? ¿Son siquiera concebibles estas preguntas?

Podría decirse que Gaza no es el gueto de Varsovia. Pero como reflexionó un periodista israelí que sirvió en Gaza durante la primera intifada, “el problema no está en la similitud […] sino en que no hay suficiente falta de similitud”. La Organización Mundial de la Salud ha afirmado que “más de un millón de personas en la Franja de Gaza corren el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua”, mientras que un experto israelí ha predicho que Gaza pronto será invadida por epidemias de tifus y cólera como las que diezmaron a los judíos en el gueto de Varsovia.

El objetivo principal del derecho internacional humanitario es proteger a los civiles de los estragos de la guerra. El objetivo principal de las leyes internacionales de derechos humanos es proteger la dignidad de las personas. Entonces, ¿cómo se puede utilizar cualquiera de estos cuerpos de ley para justificar el uso de la fuerza — cualquier fuerza — , que está diseñada para atrapar a los civiles en un infierno en el que están siendo degradados, atormentados y asesinados?

Si por coherencia argumental se concediera a Israel el derecho legal a usar la fuerza para impedir que el pueblo de Gaza escape de su “prisión”, esto simplemente pondría de manifiesto la profunda insuficiencia de la ley.

En su voto particular en desacuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 1996 sobre la legalidad de la amenaza o del uso de armas nucleares, el juez Christopher Weeramantry señaló lo irónico que resulta que, mientras que la ley condena el uso de balas dum-dum, la CIJ no condene el uso de armas nucleares. “Parecería extraño — escribió — que la expansión dentro del cuerpo de un solo soldado de una sola bala sea una crueldad excesiva que el derecho internacional no ha podido tolerar desde 1899, y que la incineración en un segundo de cien mil civiles no lo sea”. El juez Weeramantry escribió:

Cada rama del conocimiento se beneficia de un proceso de retroceso ocasional y de escrutinio objetivo de anomalías y absurdos. Si una anomalía flagrante o absurda se hace evidente y permanece incuestionada, esa disciplina corre el riesgo de ser vista como un fracaso en medio de sus propios tecnicismos.

La idea de que Israel tiene derecho a encerrar por la fuerza a un millón de niños y niñas en un espacio inhabitable es absurda. Y los abogados que debaten si Israel utilizó o no una fuerza “excesiva” para impedir que los habitantes de Gaza escaparan de su gueto se encuentran presos de tecnicismos.

“Seres humanos inocentes, la mayoría jóvenes — observó Sara Roy, del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Harvard — , están siendo envenenados lentamente por el agua que beben y, probablemente, por el suelo en el que plantan”.

La única pregunta moralmente sensata que presenta la situación en Gaza es: ¿tiene Israel derecho, en nombre de la “autodefensa”, a envenenar a un millón de niños?

Es muy triste que esta simple pregunta no solo se haya eludido, sino que ni siquiera sea visible en el debate actual.

 


Norman G. Finkelstein es autor de muchos libros sobre el conflicto entre Israel y Palestina. El más reciente es Gaza: An Inquest Into its MartyrdomJamie Stern-Weiner es editor de Moment of Truth: Tackling Israel-Palestine’s Toughest Questions.
Publicado en Jacobin el 27/7/2018. Traducido y publicado por Javier Villate en Diferencias (@bouleusis).

 

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Acerca de María Landi

María Landi es una activista de derechos humanos latinoamericana, comprometida con la causa palestina. Desde 2011 ha sido voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania: EAPPI (en Yanún/Nablus), CPT (Al-Jalil/Hebrón), IWPS (Deir Istiya/Salfit) y Kairos Palestine (Belén). Es columnista del portal Desinformémonos, corresponsal del semanario Brecha, y escribe en varios medios independientes y alternativos.
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