El rostro ‘demoledor’ de la limpieza étnica

En apenas 6 semanas, Israel demolió casi 300 estructuras y dejó sin techo a unas 500 personas.

Una niña junto a las ruinas de la demolición en la comunidad Fasayil, Valle del Jordán. 10/2/16.

Una niña junto a una carpa-vivienda destruida en Fasayil, Valle del Jordán. 10/2/16.


María Landi

 

 Columna publicada en el portal Desinformémonos el 28/2/16

 

Las cifras de la tragedia humanitaria creada por la guerra de Siria tienden a opacar otras más antiguas que tienen lugar en la convulsa región de Medio Oriente.

Uno de los dramas que se han vuelto casi invisibles –el más antiguo de ellos– es la continua limpieza étnica que Israel practica en Palestina. El historiador Ilan Pappé la llama “genocidio incremental”. Son distintos nombres del proyecto sionista que busca ‘limpiar’ todo el territorio de la Palestina histórica –desde el Mediterráneo hasta el Jordán– de su población nativa árabe y sustituirla por población judía traída de todas partes del mundo.

Ese proyecto se lleva a cabo a través de una infinidad de medidas legislativas, jurídicas, económicas y militares. Las demoliciones –y el desplazamiento forzado resultante– es una de las más crueles e inhumanas.

Recientemente el principal representante de la ONU en Palestina consideró “alarmante” el dramático aumento de demoliciones de hogares palestinos en 2016: en las primeras seis semanas del año, Israel destruyó 293 viviendas (49 por semana), en comparación con las 447 que fueron demolidas en todo 2015. Casi 500 seres humanos quedaron sin hogar en pleno invierno; 220 son niñas y niños. Otras 1.500 personas resultaron afectadas al perder sus medios de vida.

Además, varios miles de propiedades han recibido “órdenes de demolición”; significa que si el dueño no destruye por sí mismo la propiedad, lo hará el ejército de ocupación. La mayor crueldad se da en Jerusalén, donde las autoridades municipales cobran enormes sumas por el ‘servicio’ de demolición; para evitarlo, muchos palestinos optan por destruir su propia vivienda.

Organizaciones de derechos humanos, de mujeres y de protección a la niñez han investigado los impactos sicológicos devastadores que las demoliciones tienen en las familias, particularmente las mujeres (para quienes el hogar es el centro de su vida), las niñas y niños. Durante la segunda intifada, un estudio reveló que un importante porcentaje de los autores de atentados suicidas habían vivido de niños la destrucción de su hogar. La demolición convierte en ruinas en pocos minutos el esfuerzo y el ahorro de muchos años, ya que los palestinos construyen sus casas con sus propias manos, a lo largo del tiempo. Para un jefe de familia es una doble violencia no poder proteger a su familia ni la vivienda que la cobija y que levantó con enorme sacrificio.

Las demoliciones son de dos tipos: punitivas y administrativas. En el primer caso, Israel destruye la vivienda de palestinos que cometieron ataques violentos contra israelíes. Sin mediar juicio, las fuerzas de ocupación –generalmente después de ejecutar al atacante en el acto– proceden a destruir su vivienda, castigando así a una familia entera por la conducta de un individuo (y las familias palestinas son numerosas, con muchos niños y niñas, pues en un mismo edificio suelen vivir tres generaciones).

Esta práctica despiadada fue heredada del Mandato Británico: los ingleses también destruían las viviendas de los palestinos que resistían la invasión sionista propiciada por ellos. Israel las intensificó durante la segunda intifada, al multiplicarse los ataques palestinos. La justificación es el supuesto efecto de disuasión. Sin embargo la realidad ha probado que, lejos de disuadir, las demoliciones disparan la espiral de violencia en venganza. Por eso los mismos israelíes les pusieron fin hace una década. La ola de violencia que se vive en Palestina desde octubre pasado les ha llevado a reanudarlas, a pesar de su probada ineficacia.

Pero la inmensa mayoría de las demoliciones (de viviendas, refugios, escuelas, mezquitas, corrales de animales, depósitos de agua y otros medios de vida) son “administrativas”, y la razón alegada es “construcción sin permiso”. Hay que saber que los palestinos tienen que pedir permiso a las autoridades de ocupación para construir, reformar o reparar sus instalaciones en Jerusalén Este y en más del 60 por cierto del territorio de Cisjordania (calificado como “Área C” en los Acuerdos de Oslo y controlado totalmente por el ejército israelí). Y ese permiso rara vez o nunca es otorgado –mientras las colonias se expanden permanentemente en las tierras robadas. Por eso a la gente no le queda más remedio que construir sin permiso, arriesgando la demolición. Situación similar viven las localidades palestinas dentro del territorio de Israel, que también son objeto de demoliciones por ‘construcción sin permiso’. La razón de fondo es la misma: la limpieza étnica y el afán sionista de judaizar toda la bíblica “tierra de Israel”.

Los focos rojos donde se concentra la mayor cantidad de demoliciones son Jerusalén Este, el Valle del Jordán y la zona conocida como Colinas del Sur de Hebrón.

Respecto a Jerusalén, Israel tiene dos objetivos: en la planta urbana, forzar una mayoría demográfica judía de al menos 70 por ciento, para lo cual tiene que expulsar a la población árabe, ya sea mediante  artilugios legales o demoliciones por construcción sin permiso. Y en la periferia de la ciudad, deshacerse de las comunidades beduinas –que viven en condiciones paupérrimas y sin recibir ningún servicio básico– para expandir sus colonias alrededor de Jerusalén; de esta manera busca desconectar totalmente el norte del sur de Cisjordania, terminando con cualquier ilusión de un estado palestino.

En el Valle del Jordán y las Colinas del Sur de Hebrón, al igual que en el resto del Área C, Israel se vale de varios mecanismos para destruir los asentamientos donde viven comunidades pastoriles vulnerables y expulsarlas: declarar extensas zonas como “reserva natural no habitable” o “zona de entrenamiento militar”. El destino de esas tierras es siempre el mismo: construir en ellas colonias israelíes.

¿Y adónde es expulsada la población palestina? Como en el mundo actual no es posible la aniquilación o la deportación masiva hacia países vecinos, el régimen sionista busca reducir al máximo la población árabe y concentrarla en las ciudades palestinas y sus alrededores. Esos enclaves (llamados áreas A y B en los Acuerdos de Oslo) pasarían a ser (ya lo son, de hecho) guetos o bantustanes donde Israel puede mantener a la población palestina encerrada, controlada y desconectada entre sí. El modelo de la gran prisión al aire libre que es Gaza se está llevando gradualmente al resto de Palestina. Eso explica la continua anexión de más y más porciones de Cisjordania mediante la eficaz política de ‘hechos consumados’ irreversibles, que luego se oficializan con un decretazo antes de que los gobiernos occidentales siquiera pestañeen.

Mucha gente puede pensar que esto no es nada comparado con la magnitud de la tragedia siria. Es verdad, si sólo miramos los números del presente. Pero desde una perspectiva histórica y geopolítica, no debemos olvidar que Israel es, desde su artificial implantación en esa región, su principal factor de desestabilización.

Las demoliciones y el desplazamiento forzado son sólo una faceta de la continua limpieza étnica de Palestina que Israel lleva a cabo desde hace siete décadas con total impunidad, y con permiso de la comunidad internacional. Aun sin disparar o bombardear, sus atrocidades cotidianas son crímenes de guerra según el Derecho Internacional Humanitario que regula a los países en conflicto -incluyendo la ocupación militar. Cada una de las políticas israelíes: hostigar y desplazar a la población ocupada, modificar o destruir sus propiedades, trasladar su propia población al territorio ocupado, atacar población e instalaciones civiles, y un largo etcétera, viola los convenios de Ginebra (en particular el 4º, que atañe a la población civil) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

No hay otro país en el mundo que haya violado tantas resoluciones de la ONU, desde 1948 hasta el presente, sin pagar ningún precio por ello. Nuestros gobiernos, por el  contrario, insisten en tratar a Israel como un estado democrático y civilizado, un socio comercial y un aliado político natural. Esta prolongada complicidad le viene costando la vida a tres generaciones de palestinas y palestinos. Ya es hora de que los pueblos nos pongamos de pie y tomemos la iniciativa para implementar medidas efectivas de boicot, desinversión y sanciones (BDS), a fin de obligar a Israel a respetar los derechos inalienables del pueblo palestino.

 

Video de UNOCHA con imágenes de febrero, mes que registró el mayor número de demoliciones desde 2009: 

 Alumnas y alumnos de Abu Al-Nawwar (cerca de Jerusalén) después de la demolición de su escuela: 

Video de Activestills sobre las demoliciones llevadas a cabo en el Valle del Jordán el 10/2/16, en las comunidades de Jiftlik, Fasayil, al-Wusta, Ein Karzliya y al-Mkassar: 
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Acerca de María Landi

María Landi es una activista de derechos humanos latinoamericana, comprometida con la causa palestina. Desde 2011 ha sido voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania. Es columnista del portal Desinformémonos, corresponsal del semanario Brecha y escribe en varios medios independientes y alternativos.
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