Ahed Tamimi es la punta del iceberg


María Landi

 

Es casi un milagro la atención mediática que ha tenido en Occidente la detención y el juicio a la adolescente palestina de la aldea Nabi Saleh, en Cisjordania ocupada. Quienes llevamos años documentando y denunciando las atrocidades que el Estado de Israel comete contra las niñas, niños y adolescentes de Palestina no podemos menos que alegrarnos: al menos un caso ha trascendido el cerco mediático, y sobre todo el muro de indiferencia y silencio en torno a la niñez palestina. Hay quienes se preguntan, incluso, si el caso habría adquirido la misma notoriedad si Ahed no tuviera el pelo rubio y alborotado, los ojos verdes, y si su apariencia e indumentaria no fueran tan occidentales. Si tuviera la piel aceitunada y usara hiyab o ropas largas y oscuras, ¿habría despertado la misma empatía en la opinión pública?

Ahed es la punta del iceberg, sin embargo, de una realidad cotidiana escandalosa e intolerable, que la juventud palestina, sus familias y sus comunidades soportan desde hace al menos medio siglo, sin merecer la atención de los medios de comunicación. A no ser, claro, que como respuesta esas jóvenes cometan un acto de violencia contra algún israelí; aun si se trata de un soldado o un colono ilegal ocupante, los medios enfatizan la violencia palestina, haciéndose eco de la narrativa sionista: no se puede negociar ni convivir con estos árabes que sólo entienden el lenguaje de la fuerza. Ergo, Israel tiene derecho a ‘defenderse’.

 

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El iceberg oculto contiene cifras demoledoras. Pero también tiene rostros, nombres, historias concretas, que cualquiera que pisa Palestina empieza a conocer aquí y allá, por todas partes. Hay esfuerzos loables por darlas a conocer; por ejemplo, está el trabajo de grupos de derechos humanos como Samidoun, Addameer, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), Military Court Watch, Hamoked, B’Tselem. Hay profesionales del derecho y de la salud mental que insisten en denunciar el impacto demoledor que tiene sobre las víctimas, las familias y las comunidades, que niñas y niños de 12 o 13 años (y también menos) sean arrestados por soldados armados a guerra, que irrumpen con violencia en sus hogares en medio de la noche para arrancarlos de la cama y llevárselos con rumbo desconocido, con amenazas, golpes y malos tratos; que se los mantenga incomunicados/as, a menudo sin alimento y privados del sueño, durante días, sometiéndoles a interrogatorios prolongados y violentos, sin acompañamiento legal ni familiar  –violando estándares internacionales relativos a la detención de menores, como la Convención de los Derechos de la Niñez, ratificada por Israel−; que se les juzgue en tribunales militares (el único país del mundo donde eso ocurre), adonde llegan vistiendo uniforme de prisioneros, engrillados y esposados[1]; donde los ‘jueces’ son militares de un ejército de ocupación que los considera enemigos que deben ser neutralizados, y que por ello tienen una tasa de condena del 99 por ciento. En un claro ejemplo de apartheid, los menores (y adultos) israelíes son juzgados en tribunales civiles que ofrecen las garantías del debido proceso; incluyendo los colonos judíos que viven ilegalmente en Cisjordania, mientras sus vecinos palestinos son sometidos a jueces militares.

La detención de menores es una práctica permanente en Palestina. Responde a una política deliberada del poder colonial ocupante: no solo aplastar la resistencia, sino más aún: aniquilar a las jóvenes generaciones palestinas, en una apuesta por ganar la guerra demográfica que obsesiona a Israel, pues las proyecciones indican que la población árabe crece más aceleradamente, amenazando así la hegemonía del ‘Estado judío’. En un proyecto colonizador de asentamiento como el sionismo, donde la población nativa no tuvo nunca otro destino que la limpieza étnica, la niñez y la juventud palestinas son una amenaza que debe ser eliminada.

Ese objetivo se implementa de dos formas: el asesinato y la cárcel. Las ejecuciones sumarias y arbitrarias de jóvenes palestinos/as es una constante, y las cifras lo ilustran. Desde 2005, seis grandes ataques sobre Gaza mataron al menos a 1000 niñas y niños. Recordemos que en 2014 Israel asesinó a 2.200 personas en 51 días de bombardeos sobre Gaza, entre ellas más de 550 niñas y niños. Y desde el año 2000, Israel asesinó a más de 1800 niñas y niños palestinos. Si agregamos la juventud mayor de 18 años, las cifras suman varios ceros.

Mohammed Nabil Taha y Akram Zayed Al-Jamal, de 10 años, arrestados en Hebrón en diciembre de 2014 (registro de CPT-P):

 

Pero vamos a enfocarnos en la prisión. Desde el año 2000, Israel encarceló a más de 8000 menores de edad. Solo en 2017, Israel detuvo a 6742 palestinas y palestinos, incluyendo 1467 menores de edad (800 solo entre enero y agosto). En los últimos tres años, la cantidad de niñas y niños palestinos arrestados por Israel se duplicó. La ola de protestas desatada desde que en diciembre el gobierno de Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel ha resultado en un incremento sustantivo de las detenciones de menores de edad (uno de cada seis). En este momento hay más de 350 menores en las cárceles militares israelíes, y según datos de DCI-P, cada año alrededor de 700 niños y niñas pasan por los tribunales militares. La mayoría son acusados de tirar piedras, y tres de cada cuatro sufren violencia física durante el arresto, el traslado o el interrogatorio. Aunque la legislación israelí e internacional indica que la cárcel debe ser el último recurso para los menores, a los palestinos se les niega la libertad bajo fianza, manteniéndoles en prisión durante todo el juicio.

Como han explicado numerosos informes expertos, los tribunales militares no son lugares donde se investigue la verdad o se aplique justicia. Son órganos punitivos que ejercen un poder abusivo sobre la población ocupada. Los jueces (militares de uniforme) aceptan las confesiones firmadas bajo torturas y amenazas[2] y escritas en hebreo, sin traducción al árabe. En el caso de las niñas y niños, esas confesiones se arrancan después de días de aislamiento, presiones y mentiras, bajo la promesa de ser liberados si se reconocen culpables. Una vez sentenciados, más del 50 por ciento son trasladados a prisiones dentro del Estado de Israel (en abierta violación del IV Convenio de Ginebra), lo cual hace mucho más difícil el contacto y las visitas de las familias, siempre restringidas o negadas por razones de “seguridad”.

Lo primero que se entiende al hablar con las familias en Palestina es que el arresto masivo de niños, sin otra acusación que la de tirar piedras, tiene varias finalidades: amedrentar y disuadir para que no resistan la dominación, mostrarles quién manda con poder ilimitado, recaudar dinero (la ocupación es un negocio gigantesco, entre otras cosas por las altas sumas que se cobra a las familias para liberar a los presos y presas), y sobre todo presionar a los menores con amenazas para que se conviertan en informantes del Shabak (servicio secreto israelí), delatando a sus propios familiares y vecinos. Es una de las tantas facetas perversas del régimen colonial sionista, que busca quebrar el tejido social y familiar de las comunidades palestinas.

Hay casos también donde los menores son ‘deportados temporalmente’ de sus hogares y barrios o aldeas, con prohibición de regresar a ellos por algunos meses. Eso implica que las familias tienen que arreglárselas para conseguir un lugar de residencia alternativo para sus hijos, donde además puedan ser fácilmente contactados por los servicios israelíes cuando se les antoje.

Están también los casos de menores o jóvenes con acusaciones graves, sentenciados a largos años de prisión. Particularmente largas son las sentencias para quienes residen en Jerusalén; es una de las tantas estrategias sionistas para ‘limpiar’ la ciudad de su población palestina. La lista es larga, pero algunos casos son emblemáticos[3]:

 

Shorouq Dwayyat (18) fue sentenciada a 16 años de prisión (y 21.000 dólares de multa), acusada de intentar apuñalar a un colono israelí en Jerusalén. De hecho el colono (que no sufrió heridas) le disparó y la hirió seriamente antes de ser arrestada, y testigos afirman que la había acosado antes del incidente. El tribunal además le quitó el permiso de residencia en Jerusalén.

– Los cinco Chicos de Hares[4], detenidos en 2013 con 16 y 17 años, fueron sentenciados en 2016 a 15 años de prisión (y 37.000 dólares de multa en total), bajo la acusación de tirar piedras y causar un accidente automovilístico en el que la hija de una mujer colona resultó herida. En marzo estos cinco jóvenes, cuyas vidas fueron interrumpidas en plena adolescencia, cumplirán cinco años de prisión.

Nurhan Awad (17) fue sentenciada a 13 años de prisión, acusada de intentar agredir a un hombre con tijeras junto a su prima Hadil (14), quien fue ejecutada sumariamente por las fuerzas israelíes, mientras yacía herida en el suelo. Nurham recibió dos balazos en el pecho antes de ser arrestada. Un palestino de 70 años resultó levemente herido.

Ahmad Manasra (arrestado con 13 años) fue condenado a 12 años de prisión (y 47.200 dólares de multa) por la supuesta intención de apuñalar a israelíes en Jerusalén (acción que no llegó a cometer). Fue herido y pateado en el suelo antes de ser arrestado, después de que su primo Hassan (14) fuera ejecutado sumariamente en el acto[5].

Huzaifa Taha (17) fue sentenciado a 12 años de prisión, acusado de intentar apuñalar a un colono judío, residente (ilegal) en Jerusalén Este. Fue herido en piernas y manos en el momento de ser arrestado.

Munther Abu Mayalah (15) y Mohammed Taha (16) fueron sentenciados a 11 años de prisión (y 13.000 dólares de multa cada uno), acusados de “posesión de un cuchillo e intento de asesinato por apuñalamiento” en un incidente en el cual un joven colono judío resultó “levemente herido” en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Malak Salman (17) fue sentenciada a 10 años de prisión bajo la acusación de “posesión de un cuchillo e intento de asesinato”. Las fuerzas de ocupación dijeron que fue arrestada en Jerusalén “sin reportarse heridos”, después de que le ordenaran abrir su cartera y se le encontrara un cuchillo.

Marah Bakeer (17) fue sentenciada a 8 años y medio (y una multa de 3.000 dólares), acusada de la intención de apuñalar a un soldado israelí (sin pruebas y sin arma). El soldado le disparó 10 tiros, hiriéndola y fracturándole el brazo izquierdo. Luego fue desnudada y cacheada por policías masculinos antes de ser arrestada y trasladada al hospital, donde fue operada bajo vigilancia, esposada e insultada por los policías. Compareció ante el tribunal en silla de ruedas.

Muawiya Alqam (14) fue sentenciado a 6 años y medio (y 6.700 dólares de multa), acusado de “intentar asesinar y apuñalar” a un guardia de seguridad israelí (que resultó levemente herido) en el tranvía (ilegal) que atraviesa Jerusalén Este ocupada. Su primo Ali Alqam (11) fue baleado tres veces en el incidente, hubo que extraerle una bala del estómago, y fue sentenciado a un año en un centro correccional.

Manar Shweiki (16), fue sentenciada a 6 años de prisión por ‘posesión de un cuchillo’, el cual fue encontrado en su mochila al ser revisada por policías israelíes mientras iba por la calle, sin que mediara incidente alguno.

 

 

Un caso particularmente cruel –aunque de una adulta − es el de la presa política Israa Jaabis (32), sentenciada a 11 años de prisión (y una multa de 5000 dólares), acusada de intentar detonar un coche bomba en noviembre de 2015. En realidad se trató de un accidente en el cual ella misma resultó gravemente quemada al explotar una garrafa de gas que trasladaba en su coche cuando estaba mudándose de Cisjordania a Jerusalén, su cuidad natal, para no perder la residencia allí[6]. La garrafa explotó provocando un incendio a 500 metros de un checkpoint militar, y un policía israelí resultó herido. A pesar de sus gravísimas quemaduras (su rostro quedó desfigurado y perdió ocho dedos de las manos), fue enviada a prisión sin completar el tratamiento necesario. Este 25 de enero el tribunal denegó la reducción de la condena solicitada porque su grave condición de salud le impide desempeñar las funciones básicas en la prisión, depende totalmente de sus compañeras, y padece de intenso sufrimiento en todo su cuerpo debido a la falta de tratamiento adecuado.

Todo esto ocurre en un territorio donde soldados, policías militares y colonos ocupantes tienen derecho a portar armas de guerra y a usarlas contra la población civil palestina; donde el gatillo fácil está a la orden del día, porque los actos de violencia letal se cometen cotidianamente y con total impunidad; y donde los poquísimos casos investigados reciben penas irrisorias que luego incluso se suspenden o reducen[7].

 

Ahed Tamimi, esposada y con uniforme de prisión, ante el tribunal de Ofer.

Ahed Tamimi, arrestada el 19 de diciembre pasado, aun no recibió sentencia; pero a juzgar por los 12 cargos que le imputa la fiscalía militar, y por los antecedentes que hemos visto, hay razones para preocuparse. La próxima audiencia será el 6 de febrero. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña de firmas para exigir su libertad.

Ahed es apenas una de los cientos de niños y niñas palestinas que cada año comparecen ante los tribunales militares de la ocupación. En 2013 UNICEF publicó un informe categórico, en el cual afirmó que la tortura y el maltrato a los niños y niñas palestinas en el sistema militar israelí son generalizados, sistemáticos e institucionalizdos, a lo largo de todo el proceso desde el arresto hasta la liberación. Desde entonces, la situación, lejos de mejorar, ha empeorado.

Sobran razones para movilizarse y exigir que la comunidad internacional ponga fin al brutal tratamiento de la niñez palestina a manos del régimen israelí. Informarse y difundir esta realidad es un primer paso en esa dirección[8]. Después, hay que actuar.

 

NOTAS
[1] Ver por ejemplo en este blog mi testimonio sobre el tribunal militar de Salem, y el de otras obseravadoras internacionales en el tribunal de Ofer.
[2] Según datos recogidos por DCI-P, en 2017 el 74,5% de las y los menores arrestados sufrió violencia física, y el 62% sufrió agresiones verbales, amenazas o vejaciones.
[3] Esta sistematización habría sido imposible sin el extraordinario trabajo voluntario que realiza el colectivo Samidoun.
[4] Tamer Souf, Ammar Souf, Mohammed Kleif, Mohammed Suleiman y Ali Shamlawi.
[5] Su caso se hizo famoso tras difundirse el video de uno de los violentos interrogatorios a que fue sometido.
[6] Las personas palestinas de Jerusalén pierden la residencia en su ciudad natal si las autoridades israelíes descubren que están viviendo –por razones laborales o familiares- fuera de ella.
[7] Un caso emblemático es el del soldado Elor Azaria, filmado cuando ejecutaba a un palestino herido y tirado en la calle. Convertido en héroe nacional por su ‘valiente acción’, fue sentenciado a 18 meses, y luego su pena se rebajó a 14 meses.
[8] Ver este informe -realizado por la campaña por la libertad de los Chicos de Hares- sobre las y los menores palestinos en el sistema militar isarelí, con propuestas para la acción.

Columna mensual publicada en el portal Desinformémonos el 29/1/18.
Ver artículos relacionados pinchando en las etiquetas “Chicos de Hares” y “Presos políticos”.

 

Ahmed Manasra (13) yace sangrando en una calle de Jerusalén, mientras es insultado por transeúntes iraelíes “Muérete”:

Video filtrado de uno de los violentos interrogatorios a Ahmad Manasra:

 Video de Apartheid Adventures sobre el trato del régimen sionista a las niñas y niños palestinos (2:51′):

 

 

 

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Acerca de María Landi

María Landi es una activista de derechos humanos latinoamericana, comprometida con la causa palestina. Desde 2011 ha sido voluntaria en distintos programas de observación y acompañamiento internacional en Cisjordania: EAPPI (en Yanún/Nablus), CPT (Al-Jalil/Hebrón), IWPS (Deir Istiya/Salfit) y Kairos Palestine (Belén). Es columnista del portal Desinformémonos, corresponsal del semanario Brecha, y escribe en varios medios independientes y alternativos.
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